Los defensores del cannabis en Perú dicen que establecer un programa de cáñamo, ahora inexistente, es clave para alinear mejor al país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible internacionales y puede impulsar el desarrollo económico.
La apertura de un mercado para el cáñamo atraería inversores, impulsaría la innovación y nuevas tecnologías al mismo tiempo que proporcionaría empleo e ingresos fiscales al gobierno, dicen los partidarios.
“El cáñamo representa una oportunidad de oro para desarrollar una nueva industria sostenible”, dijo Raúl Injoque, embajador de Perú ante la LAIHA (Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial) , y podría impulsar las fortunas de los 2,3 millones de pequeñas y medianas fincas que conforman la mayor parte de la sector agrícola del país.
Reglas restrictivas
El marco regulatorio actual del cannabis en Perú se centra exclusivamente en el cannabis medicinal. Las reglas estrictas de ese programa exigen que se destruya la biomasa de cannabis sin flor, lo que cuesta tiempo y dinero. Esa parte de la regulación debe descartarse como el primer paso para desarrollar una industria del cáñamo en Perú, sugirió Injoque.
Las autoridades involucradas en el programa de cannabis medicinal existente en Perú están dirigidas por el Ministerio de Salud, con el apoyo del Ministerio de Agricultura. También tienen competencia la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), dependiente del Ministerio del Interior, y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), responsable de las importaciones de semillas e insumos agrícolas.
Se espera que esas agencias también desempeñen un papel en la gestión de un programa nacional de cáñamo.
En ausencia de una ley de cáñamo, el cáñamo peruano está limitado a pruebas por parte de la industria textil y cosméticos y otros productos tópicos disponibles con receta médica solo en algunas farmacias. Las regulaciones del mercado también permiten la importación de algunos subproductos del cáñamo, incluidas las semillas de cáñamo sin cáscara para complementos alimenticios, pero se aplican restricciones.
El estigma sigue siendo un problema
Injoque dijo que las iniciativas de patrocinio de estudios a nivel universitario no han avanzado debido a los rígidos requisitos legales y al estigma general contra el cannabis que ha impedido que estudiantes y profesores obtengan la aprobación para ese trabajo académico.
La ley de cannabis medicinal de Perú se aprobó en 2017 y entró en vigor en 2019. Una ley de cultivo posterior promulgada en 2021 permite a los usuarios de cannabis medicinal formar asociaciones para cultivar, extraer y procesar cannabis localmente.
Pero con requisitos de crecimiento estrictos y costosos, solo se ha otorgado una licencia de este tipo y no se están revisando otras solicitudes, según Injoque.
Perú actualmente importa cannabis medicinal de Colombia, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. Hay 56 farmacias con licencia para dispensar cannabis en todo el país.