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México otorga segunda licencia de cáñamo, pero aún no existe ley que establezca regulaciones

Se notificó a una empresa mexicana que se le había aprobado una licencia de cáñamo, siendo solo el segundo permiso de este tipo otorgado por la agencia de salud del país.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó la semana pasada a Semillas Endémicas Mexicana SA de CV que había aprobado la licencia en noviembre, informó El Planteo. Cubre la importación, siembra, cultivo, cosecha y procesamiento de cáñamo industrial bajo el límite de THC del país del 1,0%. La documentación indica que la empresa planea producir y comercializar CBD.

Según un documento de autorización que forma parte del paquete de licencia, Semillas Endémicas Mexicanna debe presentar un certificado de análisis emitido por un laboratorio autorizado para confirmar que cualquier material vegetal cumple con el requisito de contenido de THC, y el material o productos importados deben cumplir regulaciones de importación separadas.

Aún faltan reglas
Sin embargo, al otorgar la licencia, COFEPRIS señaló que México aún no cuenta con regulaciones específicas para la siembra de cáñamo industrial. “La ausencia de normativa que afecte a la propia semilla, dentro de su ámbito de competencia, imposibilita evaluar las condiciones que permiten la siembra de cáñamo”, según el documento de autorización. También faltan reglas que orienten otras etapas de la producción de cáñamo en México.

Los legisladores han propuesto, pero aún no han creado, el Instituto Mexicano para el Control del Cannabis, un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Salud que sería responsable de emitir licencias, supervisar los programas de cáñamo y marihuana del país y promover campañas de educación pública con temas de cannabis.

Además de establecer licencias para todos los actores de la industria, las disposiciones propuestas aún por promulgar crearían programas de justicia social para los pequeños productores y las comunidades afectadas por la prohibición del cannabis. Según un proyecto de disposición, el 40% de las licencias otorgadas en los primeros cinco años se destinarían a comunidades indígenas y otras que han sufrido las leyes penales sobre drogas.

Primer licenciatario
Xebra México, una subsidiaria de una empresa canadiense de cannabis, fue la primera en recibir una licencia de cáñamo luego de que tuvo éxito en una demanda contra COFEPRIS el año pasado. La empresa llevó a la agencia de salud ante la Corte Suprema de Justicia de México luego de que no recibiera una licencia que solicitó en 2018. El alto tribunal falló a favor de Xebra México sobre la base de que prohibir el cultivo y procesamiento de cannabis para usos industriales viola la Constitución. derecho a la libertad de trabajar. Si bien COFEPRIS objetó el fallo del tribunal superior porque la agencia aún no cuenta con un marco regulatorio para toda la cadena de producción, un tribunal federal independiente ratificó posteriormente el fallo del tribunal superior y ordenó a COFEPRIS emitir la licencia a Xebra México.

Si bien ese fallo generó jurisprudencia vinculante que allanó el camino para la licencia de Semillas Endémicas Mexicana, COFEPRIS reiteró que aún no existen regulaciones específicas para todas las etapas del procesamiento del cáñamo. Una ley que establecería normas sobre el cáñamo ha estado flotando en la legislatura mexicana durante varios años después de que el tribunal superior mexicano ordenara hace casi cinco años el fin de la prohibición de la posesión personal y el cultivo de cannabis.

Agencia de cannabis retrasada
Los legisladores han propuesto, pero aún no han creado, el Instituto Mexicano para el Control del Cannabis, un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Salud que sería responsable de emitir licencias, supervisar los programas de cáñamo y marihuana del país y promover campañas de educación pública con temas de cannabis.

Además de establecer licencias para todos los actores de la industria, las disposiciones propuestas aún por promulgar crearían programas de justicia social para los pequeños productores y las comunidades afectadas por la prohibición del cannabis. Según un proyecto de disposición, el 40% de las licencias otorgadas en los primeros cinco años se destinarían a comunidades indígenas y otras que han sufrido las leyes penales sobre drogas.