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El proyecto de ley de Virginia permitiría a los procesadores de cáñamo entrar en el negocio de la marihuana

Los procesadores de cáñamo en Virginia podrían vender marihuana recreativa y obtener un salto de un año en el mercado si pagan al estado una tarifa única de $ 1 millón en virtud de un proyecto de ley que ahora se encuentra ante la legislatura estatal.

La ley propuesta permitiría que los procesadores de cáñamo y los procesadores farmacéuticos que elaboran cannabis medicinal comiencen a vender marihuana recreativa a mayores de 21 años a partir de enero de 2023, un año antes de lo estipulado en el proyecto de ley de legalización del cannabis del estado, que fue firmado por el ex gobernador Ralph Northam en 2021.

El estado también recaudaría un impuesto especial del 21% de las empresas, según la medida.

Mandato a incubar

Tal política parecería beneficiar más a los operadores de cáñamo que producen flores para CBD, que generalmente se cultivan en interiores en condiciones similares a las de la marihuana, a diferencia del cáñamo cultivado y procesado con fines industriales.

Además de la fuerte tarifa de entrada, los procesadores también deben aceptar incubar hasta cinco minoristas independientes de cannabis o apoyar a los posibles nuevos participantes en el mercado durante un período de seis meses, y presentar planes detallados para educar a los consumidores sobre el cannabis, según disposiciones adicionales.

Autoridad de control

“La Junta Directiva de la Autoridad de Control de Cannabis de Virginia determinará qué procesadores industriales de cáñamo podrán realizar ventas y actividades relacionadas de conformidad con las disposiciones de esta ley y desarrollará criterios para tomar tales determinaciones”, dice el proyecto de ley.

La junta sería responsable de seleccionar hasta cinco procesadores de cáñamo registrados ante el Comisionado de Agricultura y Servicios al Consumidor a los que se les permitiría vender marihuana recreativa. La junta también sería responsable de supervisar las ventas de marihuana.

Si se aprueba, la legislación entraría en vigencia el 1 de enero de 2023.