Los primeros pasos hacia una ley reguladora de la producción cannábica y derivados del cáñamo.
Por Hector Zarraga
En años recientes, el uso del cannabis y sus derivados se ha expandido alrededor del mundo. Hoy en día países como China y Francia marcan hitos en la producción de cáñamo y crece la participación de sus derivados en la economía global. En Suramérica tenemos el caso emblemático del Uruguay, país que legalizó y creó un sistema de administración para el uso del cannabis con fines medicinales.
No es secreto que hoy en día alrededor del mundo, y en especial en los países desarrollados como EEUU, se usa el cannabis para el tratamiento de diversas enfermedades y condiciones, ya sea por prescripción medica y/o autoadministración. Es por el creciente consenso de la comunidad científica frente a los beneficios medicinales de la planta y a contravía de la estigmatización del uso de la misma por sus efectos psicotrópicos que la Argentina decidió dar el primer paso hacia la legalización del uso del cannabis y sus derivados, inicialmente con fines medicinales y científicos.
La ley para la Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados (Ley 27.350)9 publicada en el Boletín oficial de la nación en abril del 2017 establece un marco regulatorio que posibilita la indagación científica sobre los usos medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor de la planta del cannabis y sus derivados. A raíz de esta ley se crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no convencionales.
Es bajo este programa que el Estado garantiza la importación o producción de productos derivados del cannabis con fines medicinales, siempre y cuando los participantes adheridos al programa cuenten con la condición establecida por los organismos competentes (ej. Contar con prescripción médica o condición médica que amerite el uso del producto). Mas allá de esto, también se autoriza bajo esta ley el cultivo e importación de productos derivados del cannabis mediante los entes reguladores los cuales incluyen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INAT).
Son estos dos cuerpos de investigación en los cuales los productores, comerciantes y científicos que trabajen con el cannabis encuentran espacio para el intercambio de los productos derivados de la planta que se afinen con los fines establecidos por la ley del país austral. Si bien aun no se legaliza la producción del cáñamo industrial con otros fines (ej. la producción textil) el campo medicinal y científico parece tener sus puertas abiertas a la inversión y participación tanto de la comunidad local como internacional, la cual ya ha dado signos recientes de actividad como lo es el caso de Aphria, una empresa canadiense líder en la industria, la cual anunció su intención de invertir dentro del país en el cultivo, procesamiento y la fabricación de productos derivados del cannabis, que incluyen el aceite de cannabis para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia refractaria.
Aunque está claro que las condiciones no se comparan todavía con el vecino Uruguay, los avances en materia legislativa auguran un futuro de crecimiento de la actividad cannábica y resaltan la potencialidad del país en una industria que se integra cada vez mas en los mercados del hemisferio.
Hector Zarraga, Venezolano, Licenciado en Investigación Social y de Políticas Publicas acreditado por la University of New South Wales, Australia. Escribir sobre la actividad en torno al cannabis es emocionante debido a su gran potencial para generar mercados y productos sostenibles para el medio ambiente, así mismo también me motiva tener la oportunidad de brindar información sobre los usos del cannabis y sus derivados de forma que se fomente el debate, en especial en los países de economías emergentes e hispanohablantes.