Parece poco probable que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firme un proyecto de ley que legalizaría el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, pero dijo que publicará una contrapropuesta esta semana.
Casi simultáneamente, la Iglesia Católica en Costa Rica instó al gobierno y a los legisladores a “reflexionar” sobre el proyecto de ley, advirtiendo que “un cultivo descontrolado de cannabis psicoactivo” provocará “graves daños a la salud pública”.
La ley, que fue aprobada por un estrecho margen en la Asamblea Legislativa en una votación de 29 a 28 a principios de este mes, cubre el cultivo, la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de marihuana medicinal y productos de cáñamo.
‘Cuestiones de fondo’
De manera ominosa, Alvarado dijo que “hay varias cuestiones de fondo” con respecto al proyecto de ley aprobado por la legislatura. El presidente no caracterizó la naturaleza de esos temas, y no dijo si su contrapropuesta sería un veto parcial o total.
Después del anuncio presidencial, los diputados del propio Partido Acción Ciudadana de Alvarado instaron al presidente a abandonar la revisión y firmar el proyecto de ley tal como está. Por su parte, la presidenta del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández Sánchez, acusó al gobierno de lanzar “cortinas de humo” al proyecto de ley y al tema de la regulación del cannabis.
“La información recientemente circulada por el Poder Ejecutivo en relación al proyecto de cannabis y cáñamo suena abiertamente como una excusa para vetarlo o para presentar un nuevo texto, y nuevo proyecto de ley con exclusiones”, dijo Hernández.
Comprobación de protocolos
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria también instaron al mandatario a firmar el proyecto de ley, destacando su potencial de desarrollo económico.
El presidente dijo que tendrá en cuenta los protocolos clave de las Naciones Unidas al realizar su revisión, incluida la Convención Única sobre Estupefacientes, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
El gobierno anunció la semana pasada que la Junta Internacional de Control de Narcóticos de la ONU solicitó revisar la legislación. Los legisladores dijeron que redactaron el proyecto de ley original para alinearlo con la política internacional de drogas.
Intromisión de la iglesia
También rechazando el proyecto de ley, José Manuel Garita, presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, dijo que el proyecto de ley pondría en riesgo la salud y la seguridad públicas, y contiene “inconsistencias” que deben resolverse. La iglesia también sugirió que la ley, tal como está escrita, dificultaría el control de los campos ilícitos. Los autores del proyecto de ley original dicen que tomaron ese asunto en consideración al redactar la ley.
Los partidarios del proyecto de ley dicen que el cannabis puede traer desarrollo económico y social a las áreas rurales de Costa Rica al autorizar la producción, industrialización y comercialización de cáñamo para aplicaciones industriales y alimentos. Mientras tanto, las disposiciones sobre la marihuana medicinal en el proyecto de ley traerían esperanza a los pacientes cuyo sufrimiento podría aliviarse con productos legales de marihuana recetados, dijeron los partidarios.
La ley que espera la contrapropuesta de Alvarado limitaría la marihuana al uso medicinal y terapéutico, y no legaliza la marihuana para uso adulto (recreativo).