Las autoridades de la ley portuguesa han devuelto 40 kg de flores de cáñamo a un empresario que fue absuelto de los cargos de tráfico de drogas en abril.
La devolución de los productos fue parte de un acuerdo en el caso de Patrick Martins, un vendedor de cáñamo y presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Cáñamo de Portugal (ACCIP), quien fue declarado inocente bajo las leyes de estupefacientes por vender flores de cáñamo envasadas.
Martins fue arrestado en julio de 2020, cuando la Policía Judicial de Portugal incautó la mayoría de los productos de su tienda Green Swallow CBD. En total, las autoridades allanaron la propiedad de Martins cuatro veces ese año y confiscaron productos por valor de 100.000 euros.
Hito
La decisión marca un hito para Portugal y se suma a un cuerpo creciente de aclaraciones de políticas, decisiones judiciales y cambios de reglas que poco a poco están marcando el contorno de un marco legal para el sector europeo del cáñamo.
“Es un día histórico para el cáñamo industrial y para los actores del sector del cáñamo en Portugal”, dijo Humberto Nogueira, vicepresidente de ACCIP.
La odisea legal de Martins, que tardó dos años en pasar por los tribunales portugueses, incluyó que le apuntaran con armas, lo esposaran y lo detuvieran.
En una entrevista posterior a su absolución la primavera pasada, Martins dijo que el caso había golpeado duramente su negocio.
“En 2019, pagué alrededor de 300.000 € en impuestos, por una facturación de casi 1 millón de €. Con los gastos de la empresa, el covid-19 y sobre todo estos temores añadidos, la mayoría de los meses ni siquiera podía pagar mi salario mínimo”, dijo.
Tensión por las flores
Las partes interesadas portuguesas del cáñamo han presionado por leyes racionales que fomenten la producción de todas las partes de la planta de cáñamo. Pero una ley que entró en vigor en enero pasado impuso restricciones estrictas a la producción de cáñamo y tenía como objetivo específico cerrar el comercio de flores de cáñamo, en contravención de las claras leyes de la Unión Europea.
Las partes interesadas han dicho que la ley desincentiva a los agricultores y procesadores, y pone en peligro la naciente industria del cáñamo del país.
“Estamos muy lejos de las promesas del gobierno, que a menudo se jactan de alentar a los jóvenes emprendedores”, dijo Martins.
Martins también dijo después de su absolución que buscará una compensación de 10 millones de euros.